Ya van dos semanas desde que empezó el paro en Imbabura. Nos enfocamos solo en esta provincia porque gran parte del país sigue su vida con normalidad. Aquí, la paralización golpea fuerte, lo que demuestra la poca atención que se le da en todos los niveles: social, político y económico. Lo que en la mayoría del territorio parece una noticia lejana, para nosotros se siente en cada calle cerrada, en cada negocio con candado y en cada familia que ya no sabe cómo sostenerse.
En muchas partes se ha prohibido abrir los locales urbanos e incluso vender alimentos a los propios vecinos del cantón. La respuesta de la gente es clara: las acciones son injustas y, sobre todo, ilegales. Nadie debería ser obligado a cerrar su fuente de trabajo o a dejar de alimentar a su familia.
El paro nació como una medida de protesta con la que puedes o no estar de acuerdo, pero se ha convertido en un peso desproporcionado.
Imbabura es la única provincia que asumió el cierre total y, a cambio, solo ha obtenido pérdidas y división. El país casi no lo nota. Mientras la lucha entre dirigentes sociales y el gobierno se mantiene “fría”, prácticamente detrás de una pantalla, los manifestantes y habitantes en general se han convertido en una minoría que, penosamente, será escuchada solo por obligación.
Y hay que recordar, no se puede luchar por derechos vulnerando los de otros. El derecho al trabajo, a la igualdad y a la libre movilidad también deben respetarse, incluso en medio de la protesta.
Alrededor de 400mil Imbabureños ahogados en un grito que no es escuchado, en una petición que aún no parece tener una luz al final del túnel.
Redacción por: @hisnameiskifa
